Los abogados mediadores de la provincia rechazan la modificación a la ley. Cuestionan que precariza el trabajo y que va a llevar a la desaparición a la medida.
La mediación prejudicial obligatoria en materia civil y comercial comenzó a regir en Santa Fe en el año 2010.
La medida significó un cambio de paradigma para evitar la letigiosidad en los conflictos, con la carga para el perdedor que eso conlleva y apostar a la pacificación acercando a las partes en disputa.
La mediación, muy festejada por el gobierno provincial, luego se extendió también a los casos del fuero de familia en el año 2014, con resultados muy positivos “en el camino de la convivencia pacífica”.
La abogada mediadora Monica Herr se refirió en Emergencias 911 al reclamo llevado a cabo por los profesionales el miércoles por la mañana en Santa Fe y Rosario en defensa de la mediación prejudicial.
Herr repasó el origen de la medida: “a partir del año 2010 se sanciona la ley de mediación prejudicial obligatoria y el estado declara como política pública la resolución de conflictos a través de estos métodos no adversariales de resolución de conflictos. Esto constituye un cambio de paradigma de la legitiosidad a la autocomposición”.
La letrada explicó a continuación que en el año 2018 el ejecutivo provincial presentó un proyecto de modificación a la ley “que no fue bien recibido por los legisladores porque entendía que vulneraba los derechos y representaba un grave retroceso en lo que es materia de mediación”.
Ante esta negativa “de manera intempestiva el ejecutivo introdujo el 17 de diciembre del 2018 por vía de decreto la modificación a la ley de mediación” cuestionó Herr.
Al referirse a las modificaciones que el decreto realiza a la ley, la mediadora expresó que “afecta el derecho al trabajo de los mediadores, la igualdad ante la ley y el derecho a la no discriminación”, y a continuación explicó cuáles son esas modificaciones, que “a largo plazo derivarán en la desaparición de la mediación por la precarización de su ejercicio, ya que pasará a ser un trabajo menospreciado y podemos decir mendicante”.
“Se establece una especie de calificación al mediador respecto a su tarea como regular bueno o muy bueno por parte de otros abogados y de manera absolutamente subjetiva, ya que muchos abogados no van a tener la formación en mediación” cuestionó la profesional.
“Nosotros no medimos el éxito de las mediaciones por los acuerdos. El éxito de las mediaciones está dada por la transformación que pueden obtener las partes que recurren a una mediación en su relación”.
Herr explicó que los mediadores realizan cursos de capacitación permanentemente, no sólo para mantener la matrícula, que les exige acreditar cada dos años 60 horas de capacitación, sino porque además “nos parece que son beneficiosas para brindarles las mejores herramientas a la gente que se sienta en una mesa de mediación”.
Pero la calificación que establece el decreto “impacta en la capacitación del mediador. Si tuvo buenas calificaciones no va a tener que hacer capacitación, si tuvo muchos acuerdos tampoco”. Los cursos de capacitación se eliminan si el mediador tuvo una buena calificación.
Herr rechazó el sistema de calificación ya que “muchas veces no arribamos al acuerdo en una mediación pero sí se produce la transformación de la relación entre las partes. Y a eso apuntamos los mediadores: a modificar las relaciones a través del diálogo, y que el acuerdo llegue como consecuencia de esa transformación. Muchas veces no hay acuerdo porque las partes así lo establecen o porque no están preparadas en ese momento para llegar a un acuerdo, y el acuerdo se produce en forma posterior”.
La mediación prejudicial “contribuye a la cultura de la paz, que las dos partes solucionen el problema a través del dialogo y que ambos se vayan conformes” manifestó la mediadora.
Herr insistió en las bondades de la mediación, ya que es una posibilidad que otorga la ley a las partes de solucionar el problema: “una solución dialogada, de una manera consensuada, voluntaria. No nos olvidemos que cuando se va a juicio uno gana y uno pierde, y el juez obligara al que pierde a hacerse cargo del resultado de la sentencia. No así en mediación, que las partes pueden llegar a un acuerdo según las medidas de sus posibilidades y sus necesidades”.
En cuanto al decreto que modifica la ley, la profesional expresó que “se publicó en el boletín oficial el último día hábil, el 28 de diciembre por lo que se encuentra vigente. Como los principales operadores del sistema estamos pidiendo que se nos escuche. Sabemos que como cualquier ley puede ser modificada pero no de esta manera. Debimos ser consultados porque somos los que estamos más capacitados en esto porque trabajamos todos los días y queremos que el sistema funcione. Pedimos que se nos reciba, se nos tenga en cuenta, que el decreto se derogue y podamos tener una instancia de dialogo y formar un documento que sea beneficioso para todas las partes”.
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